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La jueza federal
chaqueña Zunilda Niremperger, que investigó el caso “Carbón Blanco”, reclamó
voluntad política nacional, regional, provincial y municipal para luchar contra
la droga.
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“El
narcotráfico es un problema muy grande y costoso sobre el cual la sociedad
todavía actúa de forma muy pasiva”, sostuvo la jueza federal chaqueña Zunilda
Niremperger, quien por su trabajo en causas de drogas fue varias veces amenazada
de muerte y tentada con coimas millonarias. “A los intendentes directamente no
les interesa, no se involucran”, denunció.
La
magistrada investigó la causa “Carbón Blanco” -el contrabando de una tonelada de
cocaína a Europa, el caso de drogas más importante de la historia argentina-,
disertó en el Segundo Simposio sobre “Cómo prevenir el avance del
narcotráfico”, organizado por el Observatorio de Prevención del Narcotráfico
(OPRENAR), realizado en la sede de la Fundación UADE.
“Es
imprescindible que haya voluntad política nacional, regional, provincial y
municipal para luchar contra la droga. Y la verdad es que en ese aspecto
estamos mal, mal mal”, subrayó.
“No les interesa el tema”
Según
Zunilda Niremperger, “los intendentes son importantes porque ellos son los que
conocen lo que pasa en cada pueblo, porque tienen la inmediatez de los hechos.
Pero a ellos parece no importarles el tema. Uno o dos se quejan, pero en
general no se involucran. Se deja el tema en manos de las fuerzas de seguridad”.
Agregó: “Las fuerzas de
seguridad que actúan en el interior de las provincias son las policías locales.
Las fuerzas nacionales tienen su epicentro en otros lugares de mayor
envergadura y a los otros espacios solamente mandan móviles. En las poblaciones
más pequeñas no hay una presencia permanente. Las fuerzas de seguridad
provinciales cuentan con pocos recursos, los policías no cobran bien y no están
suficientemente capacitados. Y a eso se suman otros dos factores importantes.
Por un lado en las fuerzas provinciales, en general, hay niveles de corrupción
importantes. Por otro, el sistema policial se mueve de tal forma que si un
policía comete un ‘error’ no lo sacan de la fuerza sino que lo mandan a los
pueblos”.
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