viernes, 19 de abril de 2013

Se fugó un preso, y el juez de Monte Quemado tiene presa (y torturada) a toda una familia

Malos tratos, torturas y apremios ilegales a familiares de un prófugo, por órdenes del juez Torrelio, de Monte Quemado, a los que tiene presos desde hace más de un mes.
Héctor Ariel Santillán estaba preso en el Servicio Penitenciario Federal de Colonia Pinto y, por su buena conducta, tenía periódicos permisos para visitar a su familia, en Monte Quemado. En todos los casos iba acompañado por cuatro carceleros.
El 16 de marzo pasado logró ese permiso y llegó a la casa familiar.  Pidió ingresar al baño y desapareció. Se fugó. Engañó a los cuatro custodios que acababan de trasladarlo.
A Santillán lo tragó la tierra. No se lo puede recapturar.
El delito de fuga es investigado por el juez en lo Civil y Comercial de Monte Quemado, José Luis Torrelio (subrogante del juzgado en lo Criminal y Correcional), quien ante la impericia para dar con el fugado que se escabulló no se sabe cómo, metió presa a toda la familia de Héctor Daniel Santillán.
Entre tanto, el Servicio Penitenciario Federal de Colonia Pinto puso en disponibilidad a los cuatro carceleros a los que se fugó el preso, pero mantienen su liberad.

Torturas

En cambio, el juez Torrelio tomó el camino más corto, el del apriete, y mandó presos a varios familiares del prófugo. Ni sabe (el magistrado) de qué acusarlos, pero  permitió que se los torturara y golpeara porque aspira a que alguno se quiebra y le brinde el dato para poder ubicar al prófugo, pese que se han cansado de contestarle que no saben hacia dónde disparó Héctor Ariel Santillán.
Como en la época de la dictadura militar, éste juez puso presa a la tía del prófugo, María Ester Santillán, de 58 años; una mujer ejemplar, ama de casa y dedicada a los suyos. Torrelio no valoró nada. La detuvo el 16 de marzo y la encerró en un calabozo de la comisaría de Monte Quemado. El 18, la trasladó a la Comisaría de la Mujer de la ciudad capital, donde padeció seis días. Los primeros cuatro días estuvo incomunicada y no pudo hablar ni con el abogado ni mucho menos con sus familiares que viajaron larga distancia para interesarse de su situación.
El juez “procesista” puso a la señora en una celda mixta (donde estaban detenidos 15 personas, entre hombres y mujeres), y no le permitió un colchón. Pese a sus problemas de salud (corazón, artrosis, cervical, etc.), durmió en el piso, apoyada en una colcha. Por las noches, las guardias dejaban baldes a las mujeres y baldes a los hombres para que hicieran sus necesidades.
La pobre señora de Monte Quemado no durmió nunca, por miedo y porque su gastritis nerviosa no se lo permitía.
Desesperadas, dos de las hijas de la infortunada mujer entrevistaron al juez Torrelio y le reclamaron por el tormento que sufría la madre en la Capital, logrando que el 22 de marzo la trasladaran a la Comisaría de la Mujer de Monte Quemado.
Luego, el singular magistrado, puso presa a la madre y a dos primos del fugado, Nilda Santillán, de 60 años, y Ángel Santillán de 19 años, y Gustavo Santillán, de 32. Entre tanto, un agente de la comisaría seccional 22 de Monte Quemado, de apellido Paloma, abofeteó, sin mediar palabra, a Ángel Santillán para que dijera hacia dónde disparó su primo. Este joven, que sufre asma, fue trasladado a la comisaría de Campo Gallo donde se encuentra en condición de “desaparecido”, porque el juez Torrelio ni se dignó a notificar ni a sus familiares ni a su abogado del cambio del lugar de detención.

No se puede tolerar

Todos están detenidos.
La otra parte de la familia, que está libre, habló con el obispo diocesano de Santiago del Estero, Francisco Polti, quien pese a haber escuchado los maltratos a los que somete éste juez a los detenidos, les contestó: “Ustedes tienen que colaborar” . (Lo que parece desconocer Polti es que los familiares no pueden colaborar porque no saben, realmente, hacia dónde partió el prófugo. Lo que no se entiende es cómo “un pastor de la Iglesia Católica” actúa como Poncio Pilatos frente a la aflicción y a la desgracia de una familia, y como cómplice del atropello de los malos jueces y de los peores policías).
Luego, los familiares recurrieron a la famosa subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo de Hugo Figueroa y que depende del ministro de Justicia Ricardo Daives, donde un empleado les dijo: “No se puede hacer nada. Lo que pueden hacer es recurrir a los ‘diaritos’ de la web, porque nadie les va a llevar el apunte”.

¡Pobre familia!

Dos mujeres mayores y dos muchachos siguen presos, injustamente, y soportando golpes, torturas y tormentos ordenados por el juez José Luis Torreilo, quien incluso los tiene amenazados de “detener, en cualquier momento”, a la madre de las mujeres, y abuela del prófugo, que tiene 86 años y sufrió dos ataques cardio vasculares (ACV).
Bueno, si Torrelio manda presa a la anciana puede generar un escándalo mundial que afectará a todo el Poder Judicial de Santiago del Estero y que, al final, le costaría no sólo la destitución por desempeño delictivo como magistrado, sino también podría terminar en la cárcel por admitir apremios ilegales a personas detenidas a su disposición.

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