Avasallan, destruyen bosques, y crece el peligro de choques y muerte

Preocupante situación en El Cade, Alberdi, donde una empresa china (“Oro Esperanza Agro S.A.”, arrasó con 11 mil hectáreas y alambró propiedades de campesinos. 

“Lo único que pido que nos ayuden a que no alambren y no tumben más el monte, tampoco quiero escuchar los tractores y las topadoras porque eso me enferma”, implora doña María Luisa, esposa de Aníbal Santillán, que conformar un matrimonio de casi de setenta años, con varios hijos que nacieron y crecieron en esos montes, del Lote “El Cade”, en el departamento Alberdi, a 55 kilómetros al noroeste de Tintina, departamento Mariano Moreno, y a 40 kilómetros hacia el sur de Campo Gallo.

Sus padres fueron los auténticos dueños porque tenían título de propiedad de 14.000 hectáreas, y de manera fraudulenta se apropiaron unos avivados falsificando documentación y firmas. Allí  vive también don Horacio, Jorge Ricardo, Hugo Manuel y otras familias más, todas Santillán, que son medianos y pequeños productores, porque entre todos poseen más de 1.200 cabezas de ganado mayor, además cabras, chanchos, yeguarizos, represas (4), pozos (4), corrales (5) y mangas para el manejo de los animales.

Todo ello no respeta la empresa “Oro Esperanza Agro S.A.”, proveniente de Córdoba y que depende de las empresas “Chonequing Red Drag Onfly Co LTD”,  inscripta y organizada bajo las leyes de la República Popular de China, con su domicilio social en ese país  y en la Argentina en la ciudad de Córdoba, con su sede social por calle Ayacucho Nº 597.

Su objeto social es realizar todo tipo de actividades que se refiera a lo agro-productivo desde comprar y vender campos pasando por la recolección de granos en escala mayor  para vender fuera del país, como la propia producción de insecticidas, fertilizantes, etc. Su rubro es muy amplio y abarcativo. Actualmente, el directorio de la empresa está bajo la responsabilidad de CHen Zhengjiang y Liang Yuan Chen.

En  2003 aparece Giordano, un poderoso empresario cordobés que sin ninguna orden de la dirección de Bosques derribó con topadoras y cadenas alrededor de 5000 hectáreas de montes nativos, y se fue. Fue quien, aparentemente, les vendió a los chinos y estos completaron el resto del desastre. Simultáneamente, restringieron el espacio de vida de las familias.

Esta situación preocupa a los campesinos por la destrucción del monte y de la fauna que es muy rica en diversidad. Arrasan el monte, lo amontonan y luego lo queman y ahí mueren las especies como ser la iguana, el quirquincho, la huasuncha, el oso hormiguero, lampalaguas etc.

Atropellos de juez y oficial de justicia

La empresa “Oro Esperanza Agro” se instaló aproximadamente  en el mes de junio, del 2012, con una terrible infraestructura subcontratando otras empresas para armar el campo en muy poco tiempo, contratando un ejército de alambradores, y arremetiendo con topadoras y cadenas después tractores, rastras y con casi 300 trabajadores. Así están destruyendo 11000 hectáreas, por supuesto, con la complicidad de la policía de Campo Gallo y Tintina, un oficial de justicia llamado Luis Rodolfo Moreno Scillia que realizó un diligenciamiento que no le compete  por pertenecer a otra jurisdicción. Él vive en la ciudad de La Banda y su actuación fue en el departamento Alberdi, a más de 200 kilómetros.

Interviene el juez Juárez Villegas, quien se niega a todo. Las familias están desesperadas porque los animales ya no tienen espacio ni dónde pastorear, el campo está casi todo cerrado y lo prepararon para sembrar soja y no lo hicieron porque la sequía todavía continúa.

Desde lo jurídico, acompaña a los campesinos el abogado  Agustín Scarano, quien a pesar de tener demasiado sustento legal, no consigue que el juez otorgue una medida cautelar. Al contrario, no resuelve nada y mira con total indiferencia la situación que ya fue planteada, La empresa sigue trabajando amparada por un falso informe que realizó el escribano Moreno Scillia.

Este escribano fue denunciado penalmente por falsedad ideológica y abuso de autoridad,  porque mal interpretó a propósito la orden del juez y se quedó en el campo alrededor de diez días para hacerse acompañar con la policía y con guardias armadas, a fin de que se alambre el territorio de las familias que hasta ese momento se mantenía abierto pero delimitado.

Ante esta situación insoportable que viven los campesinos como, el Mocase, la Mesa Provincia de Tierra y otras organizaciones, denunciaron y repudiaron el accionar de la justicia que permite estos atropellos que ponen en riesgo la vida de los ocupantes originarios de estos campos, y le destrozan sus bienes.

De nuevo, Arena Política anticipa que la situación en este lugar del monte santiagueño es gravísima y es necesario que todos los organismos pertinentes deberían  que tomar cartas y buscar una solución, a fin de que luego no tengamos que llorar otras pérdidas de vidas en el campo.