Que
nuestra justicia tiene flancos débiles, no es ninguna novedad, pero que se
afirme que “es ilegítima, corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados” (1)
y que quien lo dice sea la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils
Carbó, jefa de los fiscales, es un llamado de atención que no solo debe ser
advertido por los justiciables, porque resulta algo más que un mensaje, para
quienes conforman la estructura del Poder Judicial de la Nación.
Esta
declaración fue recogida por medios de prensa de alcance nacional, destacándose
que la funcionaria en la oportunidad, se
encontraba asistida por dos de sus asesores, es decir que no se trató de una
nota de carácter improvisado ni espontaneo, digamos que fue un envió intencionado
de alcance general para que sus destinatarios tomen nota de lo que opina una
parte del poder. Pero dos días después, la Presidente de la Nación, ratificó lo
dicho y fue por más, anticipando una serie de iniciativas para ser tratadas en
el ámbito legislativo, tendientes a “democratizar” el sistema judicial.
Pero…
¿quién nombra los jueces? Y ¿quién reformó el sistema instalando mayoría plena
entre sus miembros? Molestan los desaciertos, pero a ¿quiénes atribuirlos, si
no provienen del marco opositor?
Bienvenidos
los cambios que tienen como misión el fortalecimiento de los engranajes del poder,
pero hay que tener cuidado cuando se pretende “apretar” la independencia que
garantiza la Constitución. No existen los poderes absolutos ni de hecho ni de
derecho, porque cuando se amenaza con el avasallamiento de inmediato se
integran los anticuerpos, que el legislador ha previsto como una rayana
posibilidad.
Preguntarle
al pueblo
 |
| La Presidenta y su jefa de fiscales, contra la justicia argentina. |
El
hombre lleva arraigado el sentimiento de justicia y se opone naturalmente a que
se manipule de cualquier manera ese preciado valor. Advierte cuando se pretende
reformar para dominar, porque no entiende las razones de violentar su
naturaleza conjugada en el deber ser. Sin presiones, ni fórceps ideológicos ni
“aprietes” autoritarios, habría que consultarlo al pueblo sobre qué tipo de
justicia prefiere y cómo ansia su integración.
Si
está dispuesto, por ejemplo, a tolerar que se designen jueces y fiscales, que
no ganaron los concursos convocados al efecto, que no se aparten aunque mas no
sea provisoriamente, a los
vicepresidentes, ministros y secretarios denunciados por hechos de corrupción,
que los juicios duren una eternidad y que se dejen prescribir infinidad de
causas en que el Estado es parte damnificada.
Habría
que preguntarle al pueblo si está dispuesto a tolerar el abuso de poder de los
Magistrados que firman ordenes de detención cuando el delito imputado resulta
ser excarcelable y que mantengan los sumarios abiertos, cuando no es posible
material y jurídicamente, aportar nuevas pruebas o que mantengan imputados o
procesados sine die a la espera de la prescripción de la causa, porque no se
instruyó el sumario, ni se investigó adecuadamente, promoviendo la impuridad
del supuesto ilícito. (2).
¿Cómo
se hace para enderezar y equilibrar el aparato judicial si desde lo más alto
del poder se lo considera “ilegítima, corporativa, oscurantista y de lobbies
aceitados”?
Antes
de promover reformas que en nada podrán solucionar la “injusticia judicial” que
se viene arrastrando como vicio de origen, sería más atinado echarle un vistazo a las falencias cotidianas
que desde hace tiempo venimos denunciado, de manera que no se pueda afirmar en
el futuro inmediato, que la justicia está mirando para otra parte.
Fuente:
1.-
http://www.lanacion.com.ar/1558046-alejandra-gils-carbo-la-justicia-actual-es-ilegitima-corporativa-oscurantista-y-de-lobbies-a martes 28/2/2013
2.- ver
Brevetta Rodriguez Miguel, El abuso de la prisión preventiva y la orden de
detencion” http://brevettarodriguez.com.ar/?post=2372.
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