La Asociación por los Derechos Civiles (ADC),
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
(INECIP), en representación de nuestro país, presentaron recientemente un informe ante la C.I.D.H.
sobre el uso abusivo de la prisión preventiva en las Américas, en el marco de
la audiencia temática realizada en Washington en el 146º período de sesiones
del organismo internacional.
También participaron representantes de Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.
Al cabo de la audiencia, se elaboraron distintas propuestas tendientes a
optimizar esta situación y se solicitó a
la CIDH urgentes medidas para que esta problemática se modifique tomando un
rumbo inverso a lo que desde hace décadas viene aconteciendo en los estrados
tribunalicios.
El director Ejecutivo de la ADC, señaló que “en
la audiencia se puso de relieve la magnitud y el impacto del uso abusivo de la
prisión preventiva tanto en la Argentina como en otros países de la región, se
hizo especial hincapié en la forma en que dicho uso afecta a grupos y
poblaciones vulnerables”. Por ello, todos los representantes americanos
compartieron que “los Estados deben garantizar la libertad personal como regla
general, y la aplicación de la prisión preventiva debe ser excepcional. Sin
embargo, en los países de la región se advierte un uso masivo e indiscriminado
de la medida cautelar”.
Muchas fueron las señales argumentales previas a
la elaboración del documento, hechos que se manifiestan como verdaderos
flagelos en las comunidades que acusan
el impacto de la mala praxis judicial
que desencadena serios perjuicios, a veces irreparables.
Se denunció
que en la actualidad se mantienen altos índices de personas en prisión
preventiva sin motivación ajustada a derecho, ni causa aparente, como así el
abuso indiscriminado de la medida cautelar, para dar respuesta a las demandas
sociales de seguridad.
Se señaló: “La mayoría de los sistema judiciales
y penitenciarios de la región no generan la información mínima requerida para
poder realizar un adecuado monitoreo de las personas sometidas a
encarcelamiento y específicamente de los presos preventivos y que la falta de
independencia judicial es otro de los factores que explican la abusiva
aplicación de la prisión preventiva”.
Los relatores coincidieron en que “se viene
generalizando la práctica abusiva para resolver uno de los más grandes
problemas que tiene la región en materia penal y en materia penitenciaria,
realmente el problema más grave que tiene la región es el uso abusivo, excesivo
y arbitrario de la detención preventiva”.
Nuestro país y en especial nuestra provincia,
están en condiciones de aportar un sin
fin de muestrarios al efecto, que justifican en plenitud las razones de un
cambio inminente en materia procesal penal que la comunidad desde hace tiempo
viene reclamando.
Desde la última década del siglo pasado a estos
tiempos, parece haberse instaurado en nuestro medio un mal ejemplo de
“dictadura judicial”, en que los magistrados, en especial los del fuero Penal,
parecieran regocijarse al firmar la orden de detención compulsiva y arbitraria
de quienes resultan sospechosos de ilícitos, cuando el ritual no prevé
detención alguna.
Se aguardan cambios inmediatos que modernicen
nuestro ordenamiento judicial, tan postergado y alicaído en estos tiempos de
crispaciones y malos entendidos, de jueces desobedientes de la ley, por ende
impunes y a posterior gratificados por los beneficios aportados.
Se necesitan hechos concretos que le devuelvan
al justiciable la credibilidad en el valor Justicia, que se extravió entre
tanto marasmo y desatino. Desde hace tiempo que se sabe que el fin no justifica
los medios.
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Reclamo
internacional para que los Estados garanticen la libertad personal como regla
general.
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