viernes, 28 de diciembre de 2012

Mal precedente: a Alegre juzgó y condenó una “comisión especial”

Los camaristas que prohibieron el acceso del público en el juicio oral “y público”.
Uno de los principios rectores del juicio oral es su publicidad, por lo que siempre debe realizarse en forma pública. Insólitamente, aquí, en el Poder Judicial de Santiago del Estero, el juicio al ex intendente de la Capital, Julio Alegre y a una veintena de procesados, se violó ese principio por parte de quienes convirtieron al “juicio oral y público” en una mera teatralización privada sin que el pueblo haya tenido oportunidad de informarse en forma directa de cuáles han sido las particularidades de los delitos y de sus protagonistas.
Es elemental, y lo repite cualquier estudiante de Derecho, que la publicidad en el juicio oral se refiere a que en él, la percepción y recepción de la prueba, su valoración y las intervenciones de los sujetos procesales, se realizan con la posibilidad de asistencia física no sólo de las partes sino de la sociedad en general. La publicidad no puede estar circunscrita a simples alegatos y a conocer el contenido de la sentencia, sino a que los intervinientes deduzcan la absoluta transparencia de los procedimientos y estén conscientes de lo que ocurrió y por qué ocurrió.
En el juicio por el presunto latrocinio a la comuna capitalina, el pasillo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de segunda nominación (sobre el ala de la avenida Alvear del Palacio de Tribunales), estaba custodiado por policías que no dejaban transitar libremente. Todo se hizo dentro de un cerrado hermetismo inexplicable.
También se sabe que los tribunales pueden disponer el cierre total o parcial de las puertas de la sala de audiencias cuando el juicio afecte el pudor o la vida privada de alguna de las partes o de alguna persona citada para participar en él; cuando perturbe gravemente la seguridad del Estado o las buenas costumbres; cuando peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible, y cuando declare un menor de edad y se considere inconveniente la publicidad.

La incompetencia

La fiscal.
Asimismo, los camaristas que juzgaron y condenaron en al affaire de la municipalidad no eran los competentes en razón del turno (por la fecha de la denuncia primera en contra del ex intendente), pero igualmente, junto a la fiscal, continuaron actuando. Incluso, ante el planteo de uno de los defensores reconocieron la incompetencia pero respondieron que seguirán juzgando “porque ya habían comenzado a actuar en la causa”. Sin duda, desconocieron que la competencia es una cuestión de orden público y que su violación es causal de juicio político.
Por todo ello, creemos que los acusados por las supuestas irregularidades cometidas en la municipalidad de la Capital fueron juzgados por una “comisión especial” y no por un tribunal de justicia de la democracia, y que hemos perdido una excelente oportunidad de transmitir a la sociedad un mensaje claro de que la justicia llega a los que delinquen.
Definitivamente, el “caso Alegre” terminó con un juicio que no ha sido ejemplo de nada. Al contrario, por el hermetismo y por la prohibición de que asista el ciudadano común (sobre todo el que en su momento puso su voto por el ex intendente), fue una parodia de juicio en la que actuaron contertulios cómplices e invitados de lujo, pero sin público.

El condenado y los “impolutos”

Porque los santiagueños comunes no tuvieron acceso al juicio y carecen de toda la información sobre la prueba, su valoración y las intervenciones de los acusados, hoy se enteran por la prensa de las distintas penas impuestas.
Es lógico, entonces, que puedan equivocarse (porque desconocen el desarrollo del juicio) cuando formulen interpretaciones y lecturas sobre “el delito económico” en contra de la comuna de la Capital.
Por ello, pueden comparar y preguntar si al autor de un homicidio simple se lo condena a 8 años de prisión, ¿los 8 años impuestos al ex intendente Alegre significan que perpetró un “magnicidio económico” en perjuicio del erario público?
También aceptan que si existen pruebas, bienvenidas sean las penas.
Ahora, ¿por qué solamente el ex intendente?
Si es que fue jefe de una asociación ilícita que cometió defraudaciones reiteradas durante sus mandatos como jefe comunal, ¿por qué no están presos y condenados los concejales y los miembros del Tribunal de Cuentas de la municipalidad, como partícipes necesarios?
Todas estas incertidumbre tienen sus explicaciones, porque no encaja en la mente de ningún vecino capitalino que Alegre haya delinquido tanto tiempo solitariamente, sin la complicidad de los ediles y de los revisores de las cuentas que, como si fueran “impolutos”, caminan por las calles entre la gente honesta.

¿De qué hablamos cuando hablamos de paz social?

Por Aldo Bravo, secretario general del Partido Socialista, en el FAP.
Hace unos días los argentinos revivimos, angustiosamente, imágenes que casi nos habíamos olvidado de que ocurrieron en la joven democracia argentina. Los saqueos llevados a cabo en algunas ciudades y los intentos no concretados en otras tantas derrumbaban el pintoresco relato del gobierno nacional y popular y, sobre todo, la mentira edificada en nuestros lares sobre “la paz social”. Lo cierto es que más allá de las motivaciones que tuvieron aquellos que se lanzaron sobre los supermercados y se llevaron todo lo que pudieron, subyace en todo esto una situación de inequidad social de gran magnitud que a esta altura del año se potencia por la tremenda incitación al consumo que se realiza desde todos los ángulos posibles, como si toda la población se encontrara en las mismas condiciones de acceder a ello.
En efecto, después de casi diez años de gobierno kirchnerista y con un crecimiento económico a tasas asiáticas en casi toda esta década, los salarios básicos de los trabajadores siguen siendo paupérrimos -apenas maquillados con sumas en negro que se pierden cuando se accede a la jubilación- salvo en contados gremios de gran peso específico que han accedido a paritarias logrando recomposiciones salariales acordes al real índice inflacionario. En general en todas las provincias alineadas al modelo K -como la nuestra- los salarios siguen siendo insuficientes y los aumentos se otorgan vía decreto en escenarios montados con sindicalistas más preocupados por acomodarse con sus patrones que en representar dignamente a sus afiliados. Las estadísticas más creíbles informan que seis de cada diez hogares argentinos tienen ingresos menores al costo de una canasta familiar básica.
Otro tanto ocurre con las jubilaciones y pensiones, a pesar de los aumentos dados en los últimos años, ya que un 80% de ellas no supera el monto fijado para no caer debajo de la línea de pobreza. Ni hablar del 82% móvil que, salvo algunas provincias como Santa Fe, prácticamente ningún gobierno paga pese al fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Si a esto le sumamos la corrupción reinante absolutamente comprobable en el desmedido crecimiento patrimonial de los integrantes del gobierno K y de la enorme mayoría de gobiernos provinciales de relaciones carnales con el kirchnerismo, ya tenemos un cóctel bastante denso. Además las grandes movilizaciones ciudadanas desarrolladas el 13-S y el 8-N donde se escucharon diferentes consignas reclamando sobre las asignaturas pendientes de abordaje y resolución por parte del gobierno K, los paros nacionales y las movilizaciones del 20-N y el 19-D, han puesto en jaque el pretendido discurso único del oficialismo nacional.

Los vecinos de San Fernando, provincia de Buenos Aires, sacan alimentos de un supermercado.
Ámbito provincial

Al respecto, pienso que ni en el país del jardín de infantes que construye imaginariamente el relato K y sus sucedáneos provinciales se puede hablar en serio de “paz social”. Cómo va a existir dicha paz en una provincia donde existen problemas estructurales que llevan varias generaciones sin resolver. A saber: el caos de la tenencia y propiedad de la tierra con su secuela de desalojos a los habitantes y poseedores ancestrales de la misma; la abrumadora falta de empleo genuino que marca un porcentaje de desocupación y subocupación de niveles atroces dejando a miles de comprovincianos sujetos sólo a políticas asistencialistas y convirtiéndolos en cautivos clientes de quienes manejan obscenamente los recursos públicos; el clarísimo déficit que se observa en la prestación de la salud y la educación públicas puesto que se construyeron hospitales y escuelas pero no se dignificó a los trabajadores ya que prolifera el empleo en negro y los salarios bajos, y el pésimo servicio a quienes van a buscar alivio a sus dolencias físicas y psíquicas; la ausencia de una política vial y de tránsito que contribuya a disminuir drásticamente la alarmante cantidad de muertes y lesionados en las rutas santiagueñas y la caótica circulación vehicular de las principales ciudades de la provincia; el avance irracional del desmonte y la desnaturalización de espacios verdes emblemáticos como el Jardín Botánico, etc.
Muchas otras cuestiones pueden señalarse como deficitarias y que no son atribuibles sólo a la actual gestión que ya lleva casi ocho años -recordemos que venimos de una cultura caudillesca de muchas décadas que empobreció a Sgo. del Estero y expulsó a miles de comprovincianos fuera de los límites provinciales-, y que aparentemente quiere quedarse cuatro años más aunque la Constitución provincial que ellos mismos reformaron hace siete años, no permite tres mandatos consecutivos de una misma persona. En mi opinión, en lugar de proyectar y concretar obras públicas que significan enormes erogaciones de recursos, sean nacionales o provinciales, hay que avanzar en un presupuesto participativo que funcionando correctamente va a solucionar de mejor manera y mucho más austeramente algunos problemas que llevan años esperando.
Finalmente, no alcanza sólo con pagar salarios insuficientes mensualmente y sumas fijas a fin de año para disimular la inflación que erosiona diariamente nuestra calidad de vida. La verdadera paz social se alcanzará cuando Santiago del Estero logre contener a sus hijos generando condiciones para que todos puedan construir un proyecto de vida en igualdad de oportunidades, deteniendo el éxodo permanente que tuvo lugar durante todo el siglo pasado. Cuando ya no haya niños ni jóvenes ni ancianos en situación de calle y el Estado en sintonía con la actividad privada esté siempre presente en todas aquellas áreas indispensables para construir igualdad.

lunes, 24 de diciembre de 2012

Mensaje de Navidad al campo santiagueño

El nacimiento de Jesús es Buena noticia para los pobres. Hagámoslo realidad en nuestras comunidades. ¡Feliz Navidad! (Mensaje enviado por Sergio Gustavo Raffaelli).

La “banda” que roba campos tiene otro socio

El abogado Weyenbergh está acusado como el jefe de la banda que roba campos de La Salónica, y ahora aparece el abogado Sogga, contando que fue procesado por “representar” a otros “dueños".
En la sorpresiva aparición en la página web Última Hora, el abogado Luis Constatino Sogga hizo declaraciones que revelan que campesinos que eran sus “ex representados” que quieren quedarse con los mismos campos que pretenden adueñarse los “defendidos” del abogado Carlos Bernardo Weyenbergh.
Vale la pena recordar que los predios en disputa pertenecen a la firma La Salónica S.A., cuyo socio, Guillermo Massoni, ha denunciado a Weyenbergh como “jefe de una banda de políticos y policías que pretenden robarles sus predios”, en una causa donde se cruzan las denuncias y las “operaciones de prensa”.
Ahora, en Última Hora, aparece en escena Sogga quien, en un resumen, explica que compró una propiedad al lado de El Simbol, que conformaba 5 lotes de La Salónica. Cuenta que sus jornaleros le dieron poder para que los defienda porque se decían pobladores originarios de los predios de La Salónica. Incluso, Sogga confiesa que le pidieron que vendiera las tierras y les reserve 20, 30, 50 ó 100 hectáreas para ellos. Recuerda el abogado que “aparece un señor Avellaneda y les ofrece a los muchachos U$S 200.000. Estamos hablando del año 2000, aproximadamente. Ellos le venden a Avellaneda, y éste contrata a los pobladores y comienza a trabajar y un año o dos poseen al terreno sin oposición. De golpe aparece Guillermo Masoni, de La Salónica y los denuncia a los vecinos”.
También Sogga cuenta detalles del litigio, porque él era el abogado de “los muchachos”, quienes luego terminaron declarando en contra suya.

Procesamiento

La controversia termina en una causa penal y Sogga es imputado en base a los testimonios de sus “muchachos” de El Simbol. Luego Sogga se defiende y denuncia a los “muchachos” por falso testimonio obtenido por soborno.
El entonces juez del Crimen, César Enrique Turk (secretaría de Luis Eduardo Achaval), ordenó el procesamiento de Sogga en calidad de autor del delito de defraudación por abuso de firma en blanco en forma reiterada y en concurso real, y del delito de asociación ilícita lo acusa de falsificación de instrumento público.
Todo se encuentra en “Autos: “Expte. Nº 95/6/00 Avellaneda, Ramos Agustín y otros por los supuestos delitos de asociación ilícita, estafa en grado de tentativa, defraudación reiterada por suscripción engañosa de documentos, abuso de firma en blanco, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento público en perjuicio de la firma comercial Salónica S.A. y otros, acumulados exptes. Nº 813/2/00, Nº 814/3/00, Nº 817/6/00 denuncia formulada por Ramón Eligio Verón y Andrea Avelina Ferreyra, Francisco Solano Moreno, Mirta del Valle Ontivero y Alberto Ramos Ferreyra, contra Luis Constantino Sogga, Carlos Bassett, Ramón Agustín Avellaneda, Oscar Humberto Ruiz (h) y/o quienes resulten responsables por la supuesta comisión de ilícitos penales a determinar”.
Sogga fue procesado el 3 de julio del 2002.

Guerra con el ex juez Turk

Luis Sogga.
En el sitio web Última Hora, Sogga no sólo revela que sus “ex representados” pretendían los campos que ahora los ocupan los “defendidos” por Weyenbergh, sino que se encarga de “denunciar”, periodísticamente, por supuesto, que el ex juez recibía “plata de Masoni”.
Arena Política realizó una investigación y comprobó que desde aquel procesamiento, a la fecha, Sogga y Turk avivan una “guerra” judicial sin par.
Veamos, Sogga se encarga, meticulosamente, de impugnar ante el Consejo de la Magistratura de la Nación a Turk en todos los concursos a los que se postula como juez o camarista federal.
Periódicamente, Turk responde a la objeción y se defiende ante el Consejo de la Magistratura de la Nación y la Escuela Judicial. Rechaza las impugnaciones, y expresa que en realidad se trata de una mal entendida ‘cuestión personal’, que ese Honorable Consejo advertirá, de una elemental lectura del presente y el cotejo de la prueba acompañada.
“El letrado impugnante ha sido procesado por el suscripto por los delitos de defraudación, por abuso de firma en blanco; defraudación por suscripción engañosa de documentos, en forma reiterada y en concurso real, y asociación ilícita (arts. 173, inc. 3º y 4º, 210 2º párr., y 55 del C.P.)”.

Munición gruesa contra Sogga

César Turk.
También Turk relata al Consejo de la Magistratura de la Nación otras cuestiones, en estos términos: “Esta causa, como el Honorable Consejo apreciará de la profusa documental acompañada, adquirió notable trascendencia y repercusión social en nuestra provincia por la cabida y difusión que tuvo en los medios periodísticos, (acompaño copias certificadas de publicaciones periodísticas y de revistas locales), lo que pudo haber generado en el ánimo del ahora impugnante (Sogga), susceptibilidad y rencor respecto a mi parte, temple que se materializa en la ‘pseudo-impugnación’ objeto de análisis, que solo se explica a la luz de dos inequívocos conceptos: temeridad y malicia.
Continúa Turk: “Resta mencionar en este capítulo de los antecedentes, que luego de que se ordenase en la causa, la imputación del Dr. Sogga, fui reiteradamente amenazado de muerte, a través de una voz anónima, que luego de emitir una cadena de improperios me decía: “Escuchame Turk, lo único que quiero decirte, que agarres y le des la libertad a Sogga, porque vos no sabes con quién te metiste. Te vamos a hacer juicio político. Te metiste contra nosotros, hacé que salga Sogga, o te vamos a hacer boleta a vos y a toda tu familia. Tu hiciste lo que quisiste hacer. De meterlo preso a Sogga, pero te aseguro, tené la plena seguridad que ahora lo vamos a agarrar a tu viejo y después agarremos a tu madre. Vas a ver la sangre que va a correr en tu casa’.
Agrega Turk que estas amenazas motivaron la inmediata presentación de la denuncia penal de rigor acompañando todas las grabaciones por ante el Departamento Investigaciones (D6) de la Policía de la provincia de Santiago del Estero en fecha 06/06/00, con intervención del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de 1ra. Nominación, causa que aún se encuentra en la etapa de instrucción”.

Derechos humanos

Siempre en su defensa a las impugnaciones de Sogga, y ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, sigue relatando Turk en un capítulo que titula Perfil del impugnante”.
“¿Quién es el impugnante Luis Constantino Sogga? Se podría decir que es el individuo que atropelló la libertad y violó los derechos humanos, según la declaración de los testigos en la causa penal Nº 9002/03 autos caratulados ‘Secretaría de Derechos Humanos de la Nación contra Musa Azar y otros sobre desaparecidos’, y las 33 querellas relacionadas con los autos principales que se instruyen en el Juzgado Federal de Primera Instancia, en la Provincia de Santiago del Estero, donde el suscripto intervino como Juez Ad Hoc por el periodo de siete meses, luego de la renuncia del entonces titular del Juzgado Dr. Ángel Jesús Toledo.
“Acompaño Certificado a fs. 103 y fs. 104/106 de la carpeta de pruebas. En el tercer cuerpo de dicho expediente, se puede leer la declaración testimonial de Luis Guillermo Garay de fs. 430/435 de los autos del epígrafe y a fs. 108/112 del cuaderno de pruebas y la declaración testimonial de Raúl Enrique Figueroa Nieva de fs. 572/574 de los autos del epígrafe y a fs. 130/132 del cuaderno de pruebas. En ambas declaraciones involucran al hoy, impugnante Dr. Luis Constantino Sogga, como partícipe de aquellos hechos aberrantes que se investigan y que el suscripto ha tomado conocimiento de dichas declaraciones testimoniales, en el momento en que me desempeñé como conjuez Federal en el año 2006 en los citados autos del epígrafe. Como prueba de ello acompaño en copia certificada y legalizada a fs. 107/132 del cuaderno de pruebas; de las declaraciones donde involucran directamente la responsabilidad del hoy impugnante en los hechos denunciados en dicha causa y que se encuentran en plena instrucción judicial”.
La Justicia santiagueña tiene que apurar los tiempos y terminar con los graves conflictos por los robos de campos a inversores de otras provincias.

domingo, 23 de diciembre de 2012

Piden juicio político al camarista Arrulfo Hernández

El camarista en lo Civil y Comercial, Hernández,  a quien Cavallotti denunció por abuso de autoridad y prevaricato en concurso de delitos.
El diputado y abogado Francisco Alberto Cavallotti, presentó denuncia y pedido de juicio político contra el vocal de la Cámara en lo Civil y Comercial de tercera nominación, Arrulfo Hernández, por su actuación cuando se desempeñaba como juez en lo Civil y Comercial de primera nominación.
Hernández fue ascendido de juez a camarista en julio pasado.
Cavallotti concurrió y planteó el juicio político ante el Consejo de la Magistratura, donde de inmediato se ratificó de su denuncia por los siguientes delitos: abuso de autoridad y prevaricato en concurso de delitos.
En su demanda, acusa a Hernández por haberse prestado al despojo de tierras públicas por parte de foráneos (empresa “Turay S.R.L.”), “en una clara violación al Régimen de Colonización de Tierras de la provincia”.

Denuncia a abogado y asesor

En otra denuncia sobre el mismo caso de robo de campos, Cavallotti denunció al abogado Ricardo Vittar, abogado de la empresa “Turay S.R.L.”, por incumplimiento de deberes de funcionario público y tráfico de influencias, vinculándolo, directamente, con sus funciones como asesor de la Secretaría General de la Gobernación.
Según Cavallotti: “El abogado Vittar expone una conducta absolutamente incompatible como abogado de ‘Turay S.R.L.’ y funcionario público, porque es el que patrocina una lesión significativa al patrimonio provincial”, en referencia al supuesto apoderamiento ilegal de tierras.