viernes, 4 de septiembre de 2009

Hablen de Alegre, pero no se olviden de los Salim


La gente común, de cualquier lugar santiagueño, sueña con “Un Nuevo Santiago” a partir del “caso Alegre”. Cotidianamente, se escucha: “El gobernador (Gerardo) Zamora tiene la oportunidad de limpiar la provincia y mandar presos a todos los corruptos; de todos los poderes y todos los niveles”.

Si se habla con los frienses, por estos días, se enfadan porque el ex intendente y actual presidente del Concejo Deliberante, Humberto Salim, acaba de comprar un vehículo automotor de 145 mil dólares (o sea 560.000 pesos argentinos). Se trata de un BMW X6.

Tiene, además, denuncias penales por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (la empresa que representa su hijo -de la que realmente es dueño Humberto- certifica obras en el municipio friense), por enriquecimiento ilícito, por defraudación a la comuna y por abuso de autoridad. Por supuesto, estas acusaciones duermen en los cajones de los juzgados de primera y segunda nominación de la ciudad de Frías.

Humberto es presidente del Concejo Deliberante, ya lo dijimos. Su hermano Fernando es el intendente, pero viaja tanto que, en total, lleva algo menos que tres meses al frente de la comuna. Por ello, Humberto lo reemplaza y atiende más que el titular el despacho y la administración de la municipalidad.

Fernando viajó, por ejemplo, a paraísos como Estados Unidos, México, Emiratos Árabes y Punta del Este. Tiene su domicilio en un lujoso departamento del centro de la Ciudad de Buenos Aires. Por estos días, anda de viaje por Miami gozando de las aguas del mar junto a su familia.

El santiagueño común sueña, repetimos, que Gerardo Zamora investigue a todos con la misma fuerza y aparatosidad que a Alegre. ¡Cuántas cosas se pondrían a la luz si se allanara todo lo que poseen, a partir de la función pública, los hermanos Salim!

Además, son intrépidos. Manejan varias radios FM y el canal de televisión frienses. Todas estas emisoras, al unísono, golpean y golpean al gobierno provincial encabezado por Zamora.

En las últimas elecciones legislativas se dieron el lujo de ayudar al anti-kirchnerismo catamarqueño actuando como operadores del radical Eduardo Brizuela del Moral, y ubicándose, claramente, a nivel nacional, en el duhaldismo.

Y, desafiante, Humberto ya lanzó su candidatura a intendente para las elecciones del año que viene, con un plenario en el gremio de Aoma. Su sobrino (peleado a muerte con sus tíos), Juan Manuel “Nano” Baracat, está dispuesto a enfrentar a Humberto y ya pintó todos los murales y paredes de Frías, anunciando su candidatura.

Pero si siguen así las cosas, ninguno de estos dos sectores va a contar esta vez con el apoyo del aparato provincial. Zamora, ni loco, los va a respaldar.

No debían creerle al juez; sino denunciarlo



Si la mayoría de funcionarios, “lobbystas”, empresarios prebendarios y amigos íntimos del ex intendente Julio Alegre, se animara a contar la verdad de lo que ocurrió antes y durante su comparecencia ante el juez Gustavo Herrera, la opinión pública tomaría conciencia del intríngulis que ha sido y es el expediente instruido contra el ex jefe comunal radical.

La “orden” fue, desde el principio, “voltear” a Alegre y, en ese sentido, se “instruyó” uno a uno a los ex funcionarios, empresarios “amigos” y a amigos íntimos. Se sabe, incluso, que algunos de ellos encontró la declaración escrita y lo único que hizo ante el juez y los instructores fue leer y firmar.

Se llegó a la temeridad de advertirles, alertarlos e intimidarlos: “Declaran en contra de Alegre, lo tienen que ‘hundir’ y contar todo lo que saben de sus ‘negocios’, o quedan presos”. De este modo se fue armando el rompecabezas del despilfarro municipal donde los cómplices o conocedores del latrocinio apuntaron, todos, a la cabeza del intendente radical.

Desfilaron buchones de toda laya que creyeron que iban a quedar en libertad contando lo que antes, cuando el intendente era “un rey”, callaron y consintieron. No se sonrojaron a la hora de “hundir” a quien los había hecho participar del banquete.

Ninguno (muchos con título universitario), cosquilleó frente al juez ni mucho menos se animó a denunciarlo porque, como jefe del sumario y de la causa, debió investigar conforme a derecho sin necesidad de optar por el mecanismo torpe y denigrante del que saca datos de manera prepotente y amenazando con meter preso al testigo.

La promesa del juez Herrera duró poco. Veinticuatro horas antes de jurar como camarista del Crimen lanzó la orden de detención de muchos de los que tuvo en su despacho como testigos o “cantores” de las maniobras de Alegre. Hoy, cualquiera de los nuevos imputados ni siquiera podrá pedirle explicaciones; primero porque no corresponden y, segundo, en razón de que ya no es competente. Ya no está a cargo del juzgado; ahora es camarista.

Sin duda, ninguno podrá rectificarse de lo que contó contra Alegre. Se empero, sin embargo, que cuenten quién, cuándo y a dónde les propusieron “hundir” al ex intendente radical a cambio de la libertad. O que digan que cuando fueron al juzgado se encontraron con la declaración redactada.

Si se animaran a decir la verdad de los sucesos, la ciudadanía tomará conciencia de quiénes son los depositarios de nuestra seguridad (policía) y de nuestra libertad (jueces). En el caso Alegre, la policía no investigó nada de nada, porque se limitó a contactar amigos, empresarios y allegados al ex intendente radical, apalabrarlos y llevarlos ante el juez, quien, a su vez, “instruyó” prometiéndoles que si contaban todo en contra del acusado no iban a tener problemas en su juzgado.

Después de tamaño zafarrancho bien vale reflexionar sobre la responsabilidad que tiene cada ciudadano santiagueño. Algo habrá que poner en marcha, sobre todo frente a la pasividad del gobernador Gerardo Zamora que mantiene en su cargo a Ricardo Daives (ministro de Justicia), que es el “hacedor” de esta “justicia del Nuevo Santiago”.

Algo hay que hacer, como entender, por ejemplo, que el diputado provincial peronista Francisco Cavallotti no ha estado para nada equivocado a la hora en que se presentó ante el Senado de la Nación exigiendo la intervención al Poder Judicial de Santiago del Estero.

La policía está muy mal en Santiago



Por Deyes Sosa

El tema de la drogadicción apunta a Santiago del Estero como a una provincia que de lugar de transito se convirtió en zona de almacenaje, atento a la gran cantidad de avionetas que diariamente suben y bajan sobre terrenos santiagueños.

La abrumadora cantidad de robos y hurtos en la calle y en los domicilios privados provocan alarma en la población produciendo un efecto de imponderables consecuencias, por es como que obliga a la comunidad ha armarse para ejercer el derecho de defensa con sus propias manos.

El secuestro de un camionero en Colonia Dora llamó la atención de más de tres, por la modalidad de delitos, impropia de estos lugares, de los llamados mansos, abrió un signo de alerta para lo que sucede en la provincia de un tiempo a estas partes. El gran bonete se hizo presente de repente. ¿Yo señor? No señor. O es que ¿Había zona liberada?

La denuncia pública sostiene: “Los integrantes del Foro de Seguridad, quienes más allá de la inseguridad plantearon que hace más de dos años que no se reúnen y no pueden lograr que sean recibidos por Marcelo Pato, jefe de policía. Piden audiencia y no les contestan. Esta gente honesta, preocupada por la seguridad de su comunidad, que lo único que hace es aportar, llega únicamente hasta la comisaría, personal con el que tienen una excelente relación, a tal punto que cuentan con los teléfonos particulares de los comisarios ante cualquier emergencia, pero no siempre pueden actuar porque no tienen vehículos o combustible, y esto es conocido porque los integrantes del foro lo han manifestado”.

Arena Política vino advirtiendo que el departamento Añatuya es una fabrica de jóvenes sometidas al rufianismo y a la prostitución. Además, es la pionera de la compra-venta de niños recién nacidos que son llevados a otras provincias en flagrante supresión de su estado civil, con el consentimiento de las mismas autoridades de quienes se sospecha que participan del ilícito.

A principios de esta semana, el juez Federal Guillermo Molinari manifestó que “la policía de la provincia no colabora con el tema de las drogas” y no lo dice el hijo del vecino, sino la máxima autoridad encargada de proteger a la comunidad de los efectos nocivos del flagelo.

También se conoció que la justicia de Chaco se trasladó a esta ciudad, detuvo e imputó a un cabo en actividad enrolado en la fuerza policial santiagueña como activo partícipe de narcotráfico.

¿Qué está pasando con la plana mayor policial que recibe tantos cuestionamientos? ¿Cómo es que todavía nada se sabe de la causa Domínguez, Orozco y tantas otras? O cuando el juez de Crimen de primera nominación aparece solicitando policías a la provincia de Córdoba para que colaboren con la causa Alegre, ¿no es una prueba acabada de la ineptitud de la fuerza encargada de velar por la seguridad de los santiagueños?

¿Es que tampoco hay un plan de seguridad en la provincia?

Si seguimos así, esto se cae. Y no digan, después, que no les avisamos.

La política y el campo



Por Marta Velarde, diputada nacional por Santiago del Estero, publicado por el diario La Nación de Buenos Aires.

Hay momentos en la historia en que se generan procesos que las dirigencias no perciben, y por eso cometen errores graves. El llamado conflicto con el campo es el resultado de ignorar las enormes transformaciones científicas, tecnológicas, económicas y sociales del agro y de las economías regionales, que es el interior del país.

La Argentina ha vuelto a tener, desde hace seis años, una oportunidad en los mercados para colocar su producción agroindustrial a precios razonables. El desarrollo de los grandes países asiáticos, como China y la India, ha llevado a centenares de millones de personas a superar el hambre, a comer todos los días.

Nuestro país tiene todas las condiciones para ser un gran proveedor de alimentos y un deber moral para colaborar con el fin del hambre en el mundo. Eso nos dará no sólo satisfacciones, en cuanto al cumplimiento de ese deber, sino también la posibilidad de lograr una etapa prolongada de crecimiento.

Los errores del Gobierno provocan, sin embargo, que tengamos hambre en nuestro propio territorio por primera vez en la historia.

Cuando estábamos alcanzando los cien millones de toneladas de producción agrícola, manteniendo los planteles ganaderos a pesar de la superficie menor destinada a la industria más antigua del país, en vez de promover políticas para lograr en pocos años 150 millones de toneladas, expandir los rodeos vacunos, generar valor agregado industrializando granos, oleaginosas, carnes, alentar las economías regionales, ampliar las superficies irrigadas, el Gobierno prefirió castigar con saña a la producción.

En un país donde se promueven la expansión y el monopolio del juego, que tributa menos del 15% de sus ingresos al Tesoro nacional, los cereales y oleaginosas soportan retenciones que oscilan entre el 20 y el 35% de sus ventas.

Nunca entendió el Gobierno y su ineficiente burocracia que la expansión de estos años fue el fruto del trabajo y la incorporación masiva de ciencia y tecnología por parte de los productores, mientras las actividades que siempre vivieron de la prebenda y el subsidio cerraban sus negocios para dedicarse a la importación o vendían sus establecimientos.

El campo es la locomotora de un proceso de desarrollo sustentable que requiere gobiernos normales que respeten las instituciones, den seguridad jurídica y personal, y promuevan políticas que aseguren la competitividad y la modernización de la economía, recuperen el sector energético y un sistema de transporte eficiente y barato, que termine con el castigo para los productores que significa producir a más de seiscientos kilómetros de los grandes mercados internos y de los puertos.

La necesaria industrialización del país vendrá de la prosperidad del sector, que es demandante de una industria de herramientas y maquinaria de capitales nacionales, de fertilizantes y plaguicidas, vehículos de todo tipo y servicios complejos, que hoy dan trabajo a más de un millón de personas, más el basamento de la industria alimentaria que avance, incluso, a la comercialización de nuestros productos hasta las góndolas de los mercados externos.

La política para respetar la rentabilidad del campo consolida a una clase media rural emergente, verdadera "burguesía nacional", recuperando al interior, manteniendo a la población en sus ciudades y pueblos tradicionales.

Debemos resolver los problemas del conurbano, pero también evitar nuevos "conurbanos", con sus cordones de miseria y marginalidad. Un gran desafío para terminar con la pobreza, que ahora es estructural.

La Argentina tuvo los recursos para producir más, si tenemos en cuenta que en dos años se han ido casi 50.000 millones de dólares, y que solamente en subsidios a sectores prebendarios y a las tarifas de servicios para los grupos de mayores ingresos se han gastado más de 68.000 millones.

Cuando se piensa en el día a día, cuando no se tienen ideas, cuando no se sabe ni se conoce el país productivo. Cuando se ignoran el mundo y sus reglas, y no se respetan las propias, se obtienen malos resultados. Si el único objetivo son los intereses personales del que gobierna y la acumulación del poder por el poder mismo, y se desprecia la producción y el trabajo, los resultados serán propios de la pequeñez de los que gobiernan.

Porque como decía Ortega y Gasset: "A la República sólo ha de salvarla pensar en grande, sacudirse de lo pequeño y proyectar hacia el porvenir".

La pobreza no es joda


Por Miguel A. Brevetta Rodriguez.

Los días de la Argentina en medio de un particular invierno, tienen las mismas características que se le atribuye al mes de agosto, atribulado por vientos contrarios imprevistos y cambiantes que no cesan en contagiarnos su mal humor. Números huecos informa la estadística, manipulada sin rubor. Nos muestran una pintura como propia, pero todos sabemos que no les corresponde porque el sello pertenece a otro autor.

La gente está en la calle azorada y desconcertada por tanto manoseo institucional. No se comprenden las idas y venidas de un gobierno que asume las características de un barco que gira sin sentido, sin norte ni rumbo cierto que nos lleve a presumir que de igual modo se podrá arribar a puerto seguro, sin ningún tipo de contingencias ni imprevistos antes de llegar a destino.

Nadie quiere hablar de la pobreza. Nadie quiere ser pobre. Nadie desde el poder quiere asumir que la pobreza crece, que nunca bajó sus índices y que se encuentra en plena propagación. Pero parece que duele más cuando la cachetada se la recibe desde afuera de parte de quien tiene la autoridad moral suficiente para aplicar medidas correctivas.

El mundo entero escuchó la prédica lanzada desde el Vaticano. ¿Dónde queda la Argentina? Se preguntaron muchos sin entender el verdadero significado de la sentencia papal. Es que Benedicto XVI escribió unas líneas que fueron réplicas de aseveraciones que ya habían hecho, aquí o en Roma, importantes prelados argentinos.

El "escándalo de la pobreza" o la "inequidad social" de la Argentina, según los términos usados por el Pontífice, son palabras que había usado mucho antes el cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires y jefe de la Iglesia argentina, ante el propio Papa en una visita ad limina a Roma (a los umbrales de los Apóstoles), al frente de una delegación de obispos argentinos.

Hace pocas semanas, el obispo de San Isidro y titular de la influyente Pastoral Social, Jorge Casaretto, denunció que la pobreza afectaba en la Argentina al 40 por ciento de la población. ” (1)

Fue una noticia que no se pudo esconder ni distorsionar ni manipulear. El mundo entero se informó por boca del Santo Padre que los índices de pobreza en nuestro país son alarmantes. Claro, no quedó otra que reconocer que hay pobres en la Argentina, pero no en la magnitud de la denuncia impetrada por la Iglesia Católica.

La respuesta -a tanta sinceridad- de parte de los que nos gobiernan no se hizo esperar. De inmediato se destinaron 600 millones de pesos para que los partidos de fútbol sean televisados por canales de aire. Y al día siguiente, a la hora del desayuno, se daba a conocer el incremento patrimonial en millones de pesos del matrimonio gobernante. ¿Qué tal? Por algo en el exterior nos miran con ojos extraños.

Si el escándalo del hambre se hubiera situado en países del África o en medios de algunas “republiquetas” que no justifican su razón de ser, el impacto de la noticia no habría desconcertado al mundo, pero la Republica Argentina -otrora granero del mundo- nunca debió atarse a una caída libre hacia un submundo al que nunca perteneció y al que los argentinos no queremos pertenecer.

Nadie se explica las causas por las que la pobreza, en un país que tiene toda la posibilidad de no ser pobre, además de estar ligada al negocio esencial de una vasta dirigencia, corre también el riesgo de pasar a ser una categoría mental de aceptación colectiva, como ha sido el caso de la corrupción.

Es asombroso el umbral de admisión que hemos desarrollado frente a esta última. No es que la corrupción no sea combatida porque no hay suficientes mecanismos institucionales para hacerlo. La evidencia funciona al revés: si no hay mecanismos institucionales de control efectivo es porque la sociedad sigue siendo indiferente al fenómeno. Lo más importante, teniendo en cuenta este antecedente, es que la pobreza no corra la misma suerte. Si la pobreza es funcional a la política, la pregunta que es necesario hacer es, después de tantos años de frustración, ¿si estos políticos no son secretamente funcionales a nosotros, el resto de la población? Porque ese sería finalmente el más poderoso circuito integrado, el mayor impedimento para la modificación de la realidad. (2)

¿Cómo es posible denunciar la existencia de una abrumadora pobreza en el seno de un país inmensamente rico? ¿Y que justamente quienes gobiernan ese país declaren públicamente un incremento patrimonial que raya en lo escandaloso? “Si es lícito y es legal, tal vez no sea ético, ni moral, ejercer funciones impropias para el beneficio del propio sustento de los que solamente debieran gobernar, sin ejercer ninguna otra actividad” (3) Y sin embargo parece que a pocos les interesa el estado de abandono e indiferencia en que se encuentran nuestras áreas de producción.

Debemos recordar que no hace mucho se tuvo que dejar de lado un desmedido “tarifazo”, impuesto por decreto a todos los argentinos. No lo hicieron por advertidos, ni porque se dieron cuenta que estaban cometiendo un grave error al confiscar los bolsillos de los más necesitados.

Pusieron la marcha atrás, cuando escucharon los primeros golpes de cacerolas, justo al frente de la residencia presidencial.


Fuente:

1- Un termómetro fiel de la situación social, por Joaquín Morales Sola, La Nación, 7/08/2009.-

2- El riesgo de aceptar la pobreza, por Enrique Valiente Noailles, La Nación 9/08/2008.

3- Ricos y Famosos: http://www.brevettarodriguez.com/politica.html#ricosfamosos

La prensa y los gobiernos



Por Humberto Eco


La función de cuarto poder es, sin duda, la de controlar y criticar a los otros tres poderes tradicionales (junto con el poder económico y el que representan partidos y sindicatos), y puede hacerlo en un país libre, porque su crítica no tiene funciones represivas: los medios de masa solo pueden influir en la vida política creando opinión.

Los poderes tradicionales no pueden controlar y criticar a los medios de comunicación, como no sea a través de los medios de comunicación; de otro modo, su intervención se convierte en sanción, o ejecutiva, o legislativa, o judicial; lo cual puede suceder si los medios de comunicación delinquen, o parecen configurar situaciones de desequilibrio político e institucional.

Pero como los medios de comunicación, y en nuestro caso, la prensa, no pueden estar exentos de críticas, es garantía de salud para un país democrático que la prensa pueda cuestionarse a si misma."

Baja la imagen de los Kirchner



La imagen positiva de la presidenta argentina, Cristina Fernández, y de su antecesor y esposo, Néstor Kirchner (2003-2007), cayó al nivel más bajo desde su llegada al poder, hasta el 23 y el 21 por ciento, respectivamente, según una encuesta privada divulgada en Buenos Aires.

De acuerdo con el sondeo, efectuado en las últimas semanas por la consultora Poliarquía entre un total de 1.000 entrevistados, el 53 por ciento de la población posee una imagen negativa de la jefa del Estado y en el caso de Kirchner el rechazo llega al 55 por ciento.

Al inicio de su mandato, en diciembre de 2007, Fernández contaba con un 56 por ciento de aprobación popular y en ese momento su marido tenía el 65 por ciento de imagen positiva."Son los niveles más bajos que tuvieron desde que llegaron al poder", explicó Eduardo Fidanza, uno de los directivos de la consultora.

En los comicios legislativos del 28 de junio pasado, el oficialismo sufrió una derrota que le hará perder su condición de fuerza mayoritaria en el Parlamento a partir del 10 de diciembre próximo, cuando asuman los nuevos diputados y senadores.

Según Fidanza, con ese resultado electoral "el gobierno ha perdido severamente legitimidad de ejercicio pero, paradójicamente, mantiene la iniciativa y sigue manejando la agenda política".

"Las fuerzas que ganaron las elecciones no aciertan con las respuestas y con las expectativas que tenían los votantes. Por eso, vamos a entrar a un escenario político de poder diseminado y habrá una fuerte polémica para armar la futura agenda legislativa del Congreso", agregó.

Luego del triunfo electoral opositor, han surgido diferencias internas en el Acuerdo Cívico y Social, de tendencia socialdemócrata, y en Unión Pro, formada por peronistas disidentes y conservadores, con varios de sus respectivos dirigentes perfilados como candidatos para los comicios presidenciales de 2011.

martes, 1 de septiembre de 2009

Sólo los cobardes pueden aceptar a esta justicia


Siempre se dijo que existe una doble justicia, en contraposición a la igualdad que ella misma representa.

En realidad la "Justicia" es una sola. Dobles son la moral y las conductas de quienes ejercen la potestad soberana de aplicarlas. Por ello se argumenta a modo de reproche y con razón aquel irritante distingo: justicia para ricos-justicia para pobres.

Al presente, aquel doble posicionamiento moral lo evidenciamos en el proceso judicial que afronta Julio Fernando Alegre (ex intendente, ex presidente de la Convención Provincial de la UCR, ex presidente del Comité Capital de la UCR, ex delegado a la Convención Nacional de la UCR, ex líder político del Frente Cívico en la Capital, ex socio político de Gerardo Zamora y ex socio político del kirchnerismo), donde aquél valor filosófico de justicia fue dejado de lado en pos de una venganza personal y política en su contra.

Si Julio Fernando Alegre cometió las tropelías que se afirman, debe caer sobre su persona todo el peso de la ley. Es lógico.

Pero ¿Julio Fernando Alegre es el único y exclusivo responsable? La sociedad toda sabe que ello no es así. Existen otros responsables que por sus acciones u omisiones permitieron que el ex jefe comunal, a lo largo de cuatro años, se enriqueciera en un pueblo que ocupa el penúltimo lugar en los índices de pobreza nacional; después de Formosa y Chaco.

Por ello cuando sus ex socios afirman sentirse avergonzados o sorprendidos por la conducta del ex intendente, es una hipocresía total que a nadie engaña. Hoy pululan por los pasillos de Tribunales empresarios amigos, proveedores y hasta arrepentidos. No dudan un instante en denunciar las presiones que sufrían de parte del ex intendente para beneficiarse económicamente.

Encontramos en esta menuda y singular gama de justicieros, hombres de la Construcción, empresarios del Transporte, empresarios de la Electricidad y Tendido Eléctrico, y hasta del reciclado de la Basura. Todos denuncian lo mismo: haber cedido o entregado parte de sus ganancias o empresas, como condición previa para integrar el selecto grupo del "festín municipal”.

A confesión de parte, relevo de prueba, dice un adagio judicial. Estas confesiones voluntarias deberían constituir para cualquier mortal prueba de cargo en el delito de cohecho (coima). Y es así porque todos tenían conocimiento del irregular proceder y, sin embargo, lo asintieron.

¿Cuál era el beneficio obtenido? Nada más y nada menos que las empresas (Transporte. Construcción, etc.) que continúan lucrando en virtud de un acto administrativo que ellos mismos admiten como ilícito. Todos estos sujetos son tan responsables penalmente (cohecho pasivo) como el mismísimo Julio Fernando Alegre (cohecho activo ) y, sin embargo, continúan en libertad.

Se agravan las culpabilidades del Tribunal de Cuentas Municipal y del Concejo Deliberante. De ésta última institución surgió el actual intendente quien, a todas luces, convalido y continúa convalidando tales irregularidades.

¿Acaso no se impone una revisión de tales actos administrativos, anulando, por ejemplo, las licitaciones y concesiones logradas mediante un ardid delictivo confesado?

Es penoso, en verdad, advertir este doble proceder de la justicia santiagueña. Este pueblo no merece este obrar contradictorio y este modo selectivo de impartir justicia.

¡Pobres santiagueños! ¡Mansos santiagueños! ¿Cobardes santiagueños! Seguimos soportando a jueces que brindan justicias para algunos y calvario para otros.