viernes, 21 de agosto de 2009

Carta abierta de un diputado opositor


Por José Luís Zavalía

Estimados amigas/amigos:

Me veo obligado a utilizar el noble recurso de la Carta Pública, ante la imposibilidad de poder expresarme, como debería permitírmelo mi condición de legislador, a través de la prensa escrita, radial o televisiva de Santiago del Estero.

En efecto, hoy en día resulta imposible para un hombre elegido libremente por el pueblo, acceder a los diarios comerciales, la radio o la televisión santiagueña, para que la gente sepa lo que está sucediendo, proscripción a que nos a sometido este gobierno autoritario de Zamora.

Y mucho más me disculpo si quienes lo reciban no son de Santiago. De todos modos, les servirá para que conozcan lo que ocurre aquí en nuestra querida provincia, pues aunque pueda no interesarles demasiado, puede ser útil en función de que "cada aldea es parecida al mundo".

El martes pasado tuvimos sesión en la Legislatura provincial. Y, como viene ocurriendo en las anteriores, ante la pérdida de autoridad y la caída estrepitosa de "imagen" del gobernador Zamora, echó mano a la única herramienta de la que dispone: más autoritarismo, tratando con sus diputados obsecuentes, serviles y, en cierta medida, encubridores de la corrupción imperante, de tapar el sol con las manos.

Tal como ayer lo fueron de Juárez y después las intervenciones federales, entregando todo sin ningún pudor a los advenedizos de afuera y ahora al mandamás "Radical K".

Ello no deja de ser un hecho positivo, pues recién ahora comienza la ciudadanía a darse cuenta de quién es éste "lobo disfrazado de cordero". Está histérico el gobernador, por las publicaciones de la prensa nacional que brinda alguna información sobre casos graves de corrupción, que la prensa local no puede ya tapar, como sus secuaces y mandamases, porque se les va de las manos.

Y es tan alarmante y grosero el robo y la impunidad que existe, que les resulta imposible comprar a los periodistas nacionales y mucho menos intentar apretar o "congraciarse", función que la venía cumpliendo este nefasto personaje de quinta, el tan nombrado Abrusese, representante nada menos de la Casa de Santiago en Buenos Aires.

Este histerismo acompañado de soberbia, fruto de la impunidad e ignorancia reinante en la provincia, se acrecienta con las marchas, cada vez más numerosas e imparables, contra la impunidad y la corrupción.

Estas se realizan todos los viernes; supongo que a esta hora él estará con sus "estrategas" viendo cómo comprar voluntades para frenarlas, como es su costumbre. Pues si no tuvieran un financiamiento tan amplio como hasta ahora, no los votaría ni un perro; pero bueno, esa es su mentalidad: hambrear al pueblo con grandes negociados para enriquecerse y al mismo tiempo comprar la simpatía y obtener la impunidad de jueces.

A esta lucha que estamos librando como pueblo se suma nuestro humilde aporte, desde la Legislatura. Pero es tan grande el poder de la verdad, que ya no les basta con 36 o 37 diputados a su favor, lo que depende de los temas a tratar: ahora llevan patotas y barras regimentadas y pagadas por el gobierno, que no ven la hora de que toque el timbre para terminar la sesión y regresar a sus casas, cansados de gritar por un contrato o un plan, para acallarnos, agraviarnos, insultarnos y no permitirnos hacer uso de la palabra, con la complicidad de las autoridades de la Legislatura que consienten este mamarracho y este denigrante espectáculo, gesto que va en desmedro, no sólo de las vapuleadas y desacreditadas instituciones, sino que no se dan cuenta que ese servilismo y obsecuencia terminará en contra de ellos mismos.

Es así que los proyectos que presentamos, todos fueron rechazados. Ni tuvieron la inteligencia ni siquiera de pasarlos a comisión: Los rechazaron sin ninguna razón o fundamentos. Pareciera que de esa forma creen no dejar sus huellas digitales. Y es al mismo tiempo una prueba más de su obscena obsecuencia hacia el gobierno.

Es así que uno de mis proyectos fue el de la sobreoferta de compra de armas, donde el adjudicatario no estaba ni inscripto en la AFIP ni el Registro Público de Comercio ni en el Renar, etc. Se pagó el 40% más.

Otra iniciativa es la del camino Malbrán-Bandera, donde la obra estaría pagada y dada como terminada, cuando desde hace 2 años está inconclusa, ya que la empresa constructora, Mijovi, de Sarquiz Hnos. se retiró y todo quedó en la nada.

En tercer proyecto consiste en pedir informes para saber si el ministro de Economía es un jugador compulsivo (ludópata), ya que todo Santiago lo sabe y no lo puede negar.

Con caradurismo absoluto, los diputados zamoristas ni siquiera trataron estas iniciativas y otras, que, como todos los martes, trato de presentar para cumplir con responsabilidad y seriedad mi rol de diputado elegido por el pueblo de Santiago del Estero.

De cualquier manera no me harán callar con barras, amenazas ni juicios. Por el contrario, será peor para ellos. Estoy acostumbrado a pelear desde abajo, desde muy joven, y en la política vengo con convicciones profundas desde muy temprana edad. No soy un mercenario como muchos que hoy veo.

Los saludos afectuosamente y mil disculpas si los molesto.

Gracias y hasta siempre.

“Los espero con la Constitución y el Código Penal”


La diputada Sandra Generoso, ex peronista y ahora devenida en zamorista, como “presidenta de facto” del bloque radical-justicialista”, no dio ningún fundamento y ordenó a los levanta manos de la mayoría rechazar los dos proyectos de Francisco Alberto Cavallotti, pidiendo la intervención a los municipios de Capital y de Añatuya.

La orden que recibió la Generoso de su “jefe único” (por ahora), el ministro de Gobierno, José Emilio Neder, fue la de rechazar sin miramientos los intentos de “Pancho”.

Experimentado y astuto, Cavallotti pasó el mal trago frente a la abrumadora mayoría zamorista con unas cuantas cosas que dijo en el recinto. ¡Lástima que nadie le publicó nada!

Fue así que, con sosiego, le dijo al presidente de la Legislatura, Ángel Niccolai, que dejara de hacer sonar la chicharra (timbre) a la hora en que los 80 muchachos que mandaron de la Casa de Gobierno comenzaron a silbar y a abuchear. “No los haga callar. Déjelos que griten. Son ‘gargantas compradas’ y no me van a interrumpir”.

Los matones que mandan los “cráneos” de la Casa de Gobierno reciben vales (que son para las familias pobres, de $50), engranados, se pasaron de raya. La orden del zamorismo es abuchear e insultar a José Zavalía. Pero, de paso, los muchachos silbaron también a Cavallotti; pensando que, en una de esas, reciben más prebendas.

Luego, sin despeinarse, “Pancho” le recordó a la Generosa y a su tropa: “El contador Juan Manuel Beltramino, coordinador del Gabinete municipal de la Capital, ha dicho, a los cuatro vientos, que en cada carpeta que toca surge una irregularidad, y que el régimen de contratación directa se había convertido en un hábito, cuando debería ser una excepción. Y nadie puede dudar de que Beltramino es un hombre serio y probo”.

Claro, Cavallotti golpeó directo y fuerte. Les dijo, con otras palabras, que lo que hacía el ex intendente Julio Alegre estaba en conocimiento de todos poderes públicos de la provincia y, sobre todo, de los concejales, entre ellos el actual jefe comunal, “Lito” Infante, por lo que la única manera de “limpiar” toda la basura era intervenir los dos poderes capitalinos.

En seguida, habló sobre los latrocinios de Vidal Ulloa, intendente de Añatuya. Denunció: “Nunca rindió cuentas. Creó el Tribunal de Cuentas pero jamás lo integró y, por ende, no tiene controles. Recibió dos millones de pesos y no los rindió. Vendió 80 toneladas de chatarra y nunca dijo a dónde fue a parar el dinero resultado de esa operación. Está obligado (Ulloa) a administrar con tres secretarios, pero su comuna funciona solamente con uno”.

A partir de allí, “Pancho” les cantó las cuarenta, en un mensaje que tiene destinatarios más allá de la Legislatura. Alertó: “La historia no es nunca como empieza ni como transcurre, sino cómo termina. En el final de ella los voy a estar esperando con la Constitución Nacional, el Código Civil y el Código Penal en la mano”.

Hay que tener presente que hace dos semanas, Cavallotti presentó una denuncia en el Senado de la Nación sobre la falta de calidad institucional de la provincia de Santiago del Estero y exigió la intervención del Poder Judicial.

Está acudiendo, sin prisa pero si pausa, a la estrategia típica de Carlos Juárez. Cada día presenta una denuncia y, “al final de la historia”, administradores, jueces y diputados, se van a encontrar con cien o doscientas denuncias penales.

Impunidad en el nombramiento de Simón


La posible designación del ex diputado provincial Pedro Eugenio Simon como fiscal Federal, sigue dando qué hablar en los corrillos cercanos al Consejo de la Magistratura, que por estos momentos no consigue darle el gusto a la Presidenta, para que se le otorgue el visto bueno al candidato de Eduardo Fellner. Al efecto recordamos un proyecto de decreto que presentó el ex diputado provincial Ramiro López Bustos, que por supuesto aun duerme el sueño de los justos en los cajones de la Legislatura de Gerardo Zamora.

Artículo 1°: Conformar una Comisión Especial a los efectos de investigar las denuncias vertidas en un programa periodístico emitido por el Canal 9 de Buenos Aires contra el diputado y vicepresidente de esta Legislatura, Pedro Simón, a fin de que la misma remita un informe al cuerpo luego de terminada su labor investigativa, tendiente a establecer si dicho legislador incurrió o no en causales que ameriten una sanción por parte de esta Honorable Cámara de Diputados.

Artículo 2°: A los efectos previstos en el artículo 75 del Reglamento Interno de esta Legislatura, la cámara deberá elegir de entre sus miembros cinco (05) diputados para integrar dicha Comisión Especial Investigadora.

Artículo 3°: La Comisión Especial desarrollara sus tareas para la cual fue creada durante el término de un (01) mes, vencido dicho plazo deberá obligatoriamente emitir un informe, hayan o no finalizado las actuaciones investigativas.

Entre los fundamentos el ex diputado mencionó: “Este proyecto de decreto constituye la vía adecuada para solicitar la conformación de una Comisión Especial encargada de investigar las denuncias que fuera objeto el diputado Simón, en virtud de las previsiones establecidas por los artículos 77 y 79 del Reglamento Interno, toda vez que lo que se pretende es lograr y originar una resolución del cuerpo a fin de conformar una Comisión Especial y que la misma realice una labor investigativa a efectos de emitir un dictamen para ser sometido posteriormente a la consideración del cuerpo.

Como resulta de público conocimiento por informaciones periodísticas vertidas en un programa de investigación emitido por el Canal 9 de Buenos Aires, el diputado Simón fue relacionado con la expulsión o desalojo de tierras a pobladores rurales de nuestra provincia, dejándose traslucir en dicho programa que él mismo se habría beneficiado de su condición de Diputado y Vicepresidente de esta Honorable Legislatura en las medidas judiciales de desalojo en las que intervino.

No es dable hacer oídos sordos al clamor social y dejar pasar desapercibida una situación de tal magnitud que nos pone a todos los miembros del cuerpo en un estado de sospecha, y en definitiva, nos coloca ante nuestros representados como una Cámara de Diputado que acalla los problemas sociales y las acusaciones en pos de mantener un espíritu corporativo en donde se privilegia hechos y situaciones que para la sociedad no son normales o están en franca contradicción con los principios éticos y morales que nuestro pueblo espera sean los rectores de quienes son ungidos con la dignísima función de representar y velar por los intereses de la provincia, dejando para ello cualquier egoísmo o provecho personal que pudiera pretender cada diputado.

Cuando la ley es la trampa

Una norma que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación incrementa los impuestos a los productos informáticos hasta en un 35 %, que junto al decreto que beneficia la producción de bienes tecnológicos en Tierra del Fuego, constituyen, combinados, un cóctel explosivo que perjudicará de manera severa el mercado nacional e incrementará la brecha digital.

El proyecto de ley fue tratado y recibió la media sanción en la Cámara baja, tras un debate pobre donde se notó un gran desconocimiento por parte de los legisladores sobre cómo funciona y qué puestos de trabajo genera la industria tecnológica nacional en diversas provincias del país.

La nueva norma establece que tecnológicos e informáticos, como monitores y proyectores, teléfonos celulares y cámaras digitales, entre otros, serán considerados "productos suntuarios", lo que significa, en otras palabras, que se incrementan los impuestos internos sobre esos bienes a un 17% y que la tasa de IVA se eleva del 10,5% al 21%.

De aprobarse el proyecto en el Senado, la carga impositiva sobre estos productos crecería casi en un 30%. Esta iniciativa está relacionada con el decreto 252/2009, que reduce la alícuota de impuestos internos únicamente para los productos eléctricos o electrónicos fabricados por empresas radicadas en Tierra del Fuego, que abonarán un 38,53% de la alícuota dispuesta para idénticos bienes en el resto del país.

Cabe aclarar que estas empresas ya están exentas de pagar derechos de importación e impuestos a las ganancias y que el IVA que cobran lo toman como una ganancia adicional.

Al respecto, Marcela Basterra, abogada constitucionalista, explicó que "el conflicto aparece porque las demás empresas que fabrican los mismos productos en el resto del territorio se encuentran en una situación sumamente desfavorable".

La experta agrega que "estas compañías deberán abonar una alícuota de impuestos internos un 160% mayor al que prevé el decreto para el reducido grupo de empresas radicadas en Tierra del Fuego, además de los restantes impuestos".

Por su parte, Carlos Airoldi, vocal de CADMI afirmó que "hoy, sin ningún incentivo, en la Argentina se puede, y de hecho muchos lo hacen, fabricar PCs, notebooks, netbooks, monitores y memorias".

El ejecutivo agregó que "si tuviéramos menos de la mitad de las exenciones impositivas que se otorgan a los fabricantes de Tierra del Fuego, podríamos fabricar muchísimos más productos con un enorme ahorro de divisas para el país".

A su vez, Daniel Gutiérrez, vicepresidente de CADMI, afirmó que "el gobierno se asesora mal y parte con la idea equivocada de beneficiar a unos pocos en detrimento de todos y en nombre de la industria nacional".

Para el Ejecutivo, "el régimen de Tierra del Fuego goza de significativas ventajas en los productos que fabrica, que todo el resto del país paga debido a todas las exenciones impositivas con las que cuentan las industrias allí radicadas".

A tal punto el asesoramiento fue pobre que a último momento se dio marcha atrás y se eximió a las notebooks y netbooks de las nuevas cargas impositivas.

La verdad del caso “robo al abogado Nazar”


Se dibujó el hecho como una noticia protagonizada por un loquito.

El hermano de un detenido fue a protestar frente al Palacio de Tribunales. El hombre sabe que Miguel Bulacio está preso desde hace un año, injustamente, y nada tiene que ver con el robo al estudio jurídico y la agresión a la madre del abogado Víctor Daniel Nazar.

Desesperado por tamaña injusticia, fue a defender a su hermano. Por ello, no hay que informar o querer hacer aparecer a este hombre como un desequilibrado. Al contrario, es un santiagueño más que ya no sabe a qué método acudir para que vuelva a reinar la justicia en Santiago del Estero.

Por ello, Arena Política entrevistó al doctor Nazar, principal afectado y conocedor del expediente y de la causa.

-¿Qué opinión le merece la protesta que hizo el hermano de Miguel Bulacio?

“Este señor, como muchos otros ciudadanos, por la sola condición de su pobreza e impotencia, no encuentran otro modo de expresar el desagrado que siente por esta seuda justicia. Está en su derecho, ante la imposibilidad de ser oídos por los jueces”.

-¿Cuál es la situación de Miguel Bulacio, imputado en el delito sufrido por usted?

“Desde el inicio mismo de la investigación, que llevó adelante el D6 ó, mejor dicho, los comisarios Gorosito. Ellal y Mansilla, éstos apuntaron a Bulacio como uno de los responsables del robo por el solo hecho de tener un automóvil Galaxi color bordo. Al extremo llegó esta sospecha que debí aportar dinero propio (le entregué en las manos al comisario Gorosito) para que una comisión policial (armada por este policía) fuera hasta la ciudad de Mar del Plata en procura de su detención. Todo con resultado negativo, por lo que creo que estos muchachos han aprovechado mi dinero para pasar unos días de vacaciones”.

-Se dice que un testigo reconoció a Bulacio, en rueda de presos…

“Es cierto, pero ¿cómo se logró ese reconocimiento? Le cuento, el comisario Gorosito afirmó que mostró al testigo un álbum de fotos en el cual identifico al mismo. Esto es absolutamente falso. Al testigo, previo al reconocimiento en rueda de preso, Gorosito lo convoco al D6 y le mostró una sola fotografía, manifestándole que ésa era la persona que robó en mi estudio jurídico, y así lo debía afirmar ante el magistrado. El testigo le hizo caso a Gorosito y por ello Bulacio sigue preso”.

-Por lo que dice, ¿no confía en esta policía ni en esta justicia?

“No existe garantía judicial alguna. Fíjese que hasta el mismo juez está sospechado y lo tuve que denunciar penalmente. No existen garantías para los testigos. Sin perjuicio de ello, Tarchini Saavedra (quien retiene su cargo de empleado en la Legislatura provincial), actualmente a cargo del juzgado del Crimen de cuarta nominación (sin ánimo de ofender a nadie) se niega despachar medidas que mi parte ha solicitado. Parece que el juez está cómodo manteniendo detenidos a quienes no son autores del robo”.

-Concretamente, insiste en denunciar al juez de esta causa y a toda la justicia santiagueña…

“Éste es el caso que nos ocupa. Éste es un juez del poder político; no es un juez de la Constitución. Y estoy dispuesto a demostrar su inoperancia y el directo interés que manifiesta para encubrir a los verdaderos autores del robo a mi estudio jurídico.

“De acuerdo a las pruebas obrantes en la causa, resultan de manera clara quiénes fueron los delincuentes que ingresaron a mis oficinas, algunos de los cuales debo soportar verlos en los pasillos de Tribunales, o bien requiriendo autorización para hablar con el juez Tarchini Saavedra. Bastaría saber si lo hacen en calidad de imputados, sospechados, socios…

“Por otra parte, hasta los mismos policías que mencioné están denunciados desde hace mas de una año y Tarchini Saavedra no impulsa la causa. Son los mismo policías que hoy están sospechados al menos de ocultar o desviar la investigación de la muerte del ciudadano Raúl Domínguez. Si ocultan un homicidio, cuánto mas simple les seria ocultar o desviar un robo. Ése es el Poder Judicial del Nuevo Santiago.

“Además, le informo que todos los días recibo informaciones reservadas que dan cuenta que existe una decisión política y policial de no investigar el robo en mi contra. Algunos atribuyen las directivas a ministros del actual gobierno, otros a un alto jerarca policial. Lo que sí queda claro es que se detuvo y continúan deteniendo a ‘perejiles’, en tanto los reales ladrones continúan impunes y caminan por los pasillos de Tribunales. Todo lo hecho por el personal policial y por el juez interviniente, es la muestra más emblemática de la impunidad y corrupción que a diario debemos soportar los santiagueños”.

Triste cóctel de escándalo, demagogia y palabrerío


Por Luis Gregorich, escritor que fue subsecretario de Cultura de la Nación, en el gobierno Raúl Alfonsín.

Las declaraciones críticas e irónicas de la Presidenta sobre la riqueza y los ricos en la Argentina de hoy, agregadas a la especie de manifiesto lanzado por un grupo de intelectuales oficialistas (en su mayoría pertenecientes a Carta Abierta) en apoyo de Luis D´Elía y su "odio" a la oligarquía y otra vez a los "ricos", causan escándalo y tristeza a la vez.

Ya parecía indefendible que los defensores pensantes del Gobierno propugnaran ese odio, justo después de la difusión del monto de bienes patrimoniales del matrimonio presidencial, holgadamente millonarios. ¡Ahora es la Presidenta, en una suprema contradicción, la que se ataca a sí misma!

Por favor, un poco de racionalidad y cuidado en el uso de las palabras. O traten de explicarnos cuáles son los ricos buenos y cuáles los ricos malos, para que podamos entendernos.

Debo confesar que tengo ciertos prejuicios, literarios, éticos y personales, hacia la gente rica en general. Vivo, desde hace más de 30 años, en un departamento de 80 metros cuadrados en Caballito, atiborrado de libros y discos, en el que no cabe nada más, y experimento un poco de envidia hacia los que disponen de casas más amplias y cómodas.

También miro, seguramente con una pizca de resentimiento, a los que pueden viajar a lugares que ya nunca veré. Pero hago lo posible para evitar el odio, que nos degrada como ciudadanos y nos rebaja como personas.

Además, puesto en la encrucijada de optar por una clase social -si es que existe una categoría tal en términos absolutos- elijo la mía, la clase media, que tengo el orgullo de compartir con muchos artistas, maestros, profesionales y -no tengo dudas- con buena parte de las mejores figuras de nuestra historia.

Permítame que le aconseje, con todo respeto, señora Presidenta, que usted también siga por ese camino, el de la clase media de la que proviene, y no la de los ricos a la que ha accedido.

Dejemos de lado la demagogia y el palabrerío para halagar a los pobres; combatamos, sencillamente, la pobreza, lucha en la que usted tendrá el apoyo de todas las fuerzas políticas y sociales, y en la que le deseamos la mejor suerte.

Y benditos sean, como ocurría con nuestros abuelos, no los que han podido enriquecerse vertiginosamente, sino los que con esfuerzo, educación y trabajo se han incorporado a la clase media, o se han mantenido en ella, sin cortejar a los pobres, a los que hay sacar de su pobreza, ni odiar a los ricos, a los que hay que cobrarles los impuestos.

lunes, 17 de agosto de 2009

Vuelve el “ninismo”: Lecuona al IPVU


Alguien, extraño al gobierno (o a los elegidos por el pueblo, para ser más precisos), está metiendo la cola en la administración de Gerardo Zamora. Debe tener mucho peso. O una gran amistad con el primer mandatario. Tiene que tener muchos intereses.No hay otra explicación.

Pasa que vuelve el arquitecto Ernesto Lecuona a la presidencia del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, impulsado por una suerte de “gobernante paralelo”. El tiempo nos dará información para descubrir quién o quiénes le imponen funcionarios a esta administración provincial.

Mucho se habla de Lecuona. Sobre todo los que trabajan, operan y contratan con el IPVU. En la evaluación final, el saldo es negativo. Son más lo que lo descalifican.

Al margen de esa valoración, el gobernador Gerardo Zamora no debería ignorar que no puede designar a un ex funcionario que, identificado con el juarismo, cometió una de las mayores tropelías cuando atentó contra los intereses de la provincia y de la gente. O que se burló de los santiagueños necesitamos; que es lo mismo, pero más grave.

Hay que informarse bien. Lecuona, siendo presidente del IPVU y cuando el Congreso Nacional sancionó la ley de intervención a la provincia de Santiago del Estero, desalojando de la Casa de Gobierno a Mercedes Marina Aragonés de Juárez, se levantó y se resistió al remedio federal.

Él, y no otro, Lecuona, fue el que organizó la usurpación de viviendas y puso en jaque al interventor Pablo Lanusse. Hasta hoy, los vecinos, necesitados de casas, recuerdan que éste funcionario, hoy, zamorista, les indicaba que vayan a tomar los barrios, aunque no estén terminados, “porque así los vamos a cagar a los de la intervención”.

Lecuona, que tuvo y tiene padrinos de fuste (¿serán tan poderosos? ¿a qué sector pertenecerán?), salvó su pellejo de los fiscales y jueces primarios que puso Lanusse y también superó con mucha más facilidad a los ineptos administradores de la justicia que nombró Zamora por indicación de su ministro de Justicia, Ricardo Daives.

¿Nadie, en esta provincia, va a intentar investigar a este funcionario del “ninismo” que fue el instigador de un ataque contra bienes del Estado y que utilizó y se burló de la gente necesitada de Santiago? ¿Va a seguir impune? Daives, que se dedica a “instruir” carpetas de todos los funcionarios, ¿no lo registró a Lecuona?, o, acaso, forma parte y juega para el equipo de los poderosos que imponen funcionarios al Poder Ejecutivo?

¡Pobre IPVU, en las manos que cayó!

¡Ah, el ex presidente de Vivienda, el contador Daniel Nassif, iría como asesor del ministro de Economía o como ejecutivo en una repartición del área de Atilio Chara!

"Todo el mundo tiene los teléfonos pinchados"



Por Deyes Sosa

El impresentable secretario general de CGT, Hugo Moyano, al que tenemos que soportar estoicamente los argentinos, opinó que "todo el mundo tiene los teléfonos pinchados", como una manera de minimizar la denuncia del ex jefe de gabinete Alberto Fernández, de que era escuchado en sus conversaciones privadas.

"Yo creo que todo el mundo tiene los teléfonos pinchados; todo el mundo desconfía, pero no es desde ahora: es de toda la historia", dijo Moyano, sin ponerse colorado en medio de una rueda de prensa justamente en la Casa Rosada, desde donde se supone se controlan las escuchas.

El millonario sindicalista que aspira a ser Presidente de la Nación no le dio mayor importancia a ese tipo de violación a la intimidad, condenada por la Constitución y fehacientemente comprobada, como una práctica malsana que no solamente se la practica en la capital del poder, sino en todas las provincia del país.

Mientras, en Santiago del Estero, el ministro de Justicia y Derechos Humanos (¿?) Ricardo Daives continúa controlando a propios y extraños con sofisticados aparatos de escuchas telefónicas que realizan una tarea de inteligencia propia de los avezados servicios informativos que se conocen en el mundo.

La paranoia-Daives es la que se utilizó para controlar al ex intendente Julio Alegre y conocer sus tejes y manejes en la comuna capitalina. Se comenta que mediante esas prácticas de vigilancia inconstitucional llegó a enterarse de situaciones muy pesadas que comprometen al primer mandatario y a varios ministros. ¿Será por eso que aún no prescindieron de sus servicios, atento a la pésima gestión realizada por más de 5 años?

Confesiones de un político “espiado”


Por Milcíades Peña, ex diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De pronto, un día, el celular comenzó a devolver el eco del eco de mi voz.

Otro día, no sin vértigo, me encontré escuchando en mi teléfono la reproducción de conversaciones que había mantenido. Extraños ruidos. Comunicaciones cortadas.

Apagar los celulares y quitarles las baterías, era una rutina indispensable para intentar charlar con cierta confidencialidad. Recibir fotos mías manteniendo charlas con distintas personas sin que yo las hubiera encargado. Autos siguiéndome a mí o a mis asesores. Terminar de escribir un discurso planteando interrogantes a un funcionario a punto de ser interpelado 15 minutos antes de darlo, y descubrir que el cuestionado ya lo tenía en su poder.

Entregar un artículo periodístico para una revista y recibir las estridentes y llorosas advertencias de una, entonces, senadora nacional por la Capital, mucho antes que la publicación viera la luz. Ver el texto de un informe acerca de la injerencia de un ministro de la Nación para permitir habilitar un estadio de fútbol que no estaba en condiciones de ser habilitado, redactado en una computadora de mi despacho cinco minutos después de terminado en un fax recibido en otro despacho de la Legislatura, a 2 pisos de distancia.

La verificación, luego de la denuncia realizada por un legislador del oficialismo nacional, de las masivas escuchas telefónicas en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La infame y falsa denuncia realizada contra Enrique Olivera en los días previos a la elección de 2005. La utilización de los mismos actores y circuitos periodísticos para la inmoral y aberrante denuncia contra el abogado José Iglesias, acusando a su hijo fallecido de haber prendido la bengala en Cromañón.

La repugnante compra de dirigentes políticos que llevó a crear el verbo “borocotizar”. El extraño asalto que sufrí en mi domicilio, donde ataron y encerraron a dos de mis hijos, en aquel entonces de 3 y 8 años. El despido de trabajadores cercanos a mí, aunque no militaran conmigo.

Todas estas son algunas de las situaciones que me tocaron vivir mientras llevaba adelante la investigación para dilucidar las responsabilidades políticas que posibilitaron la tragedia de Cromañón.

Recuerdo que en ese tiempo, año 2005, había más de un ministro nacional, de apellido Fernández, pero a uno solían llamarlo Tío Alberto.
La hipocresía y la impunidad, me revuelven las tripas.

Y algunos personajes, me dan náuseas.

De los siete, Marta fue la única que defendió la parada


De los siete diputados nacionales que, supuestamente, tienen que defender la calidad institucional y al pueblo de la Nación, solamente Marta Velarde votó en contra de la barbaridad democrática kirchnerista de mantener por un año más los superpoderes.

Y pensar que hace poco más de un mes, los tres legisladores del zamorismo se comprometieron a levantar la mano en defensa del pueblo a quien le requirieron el voto.

De siete representantes, seis siguen defeccionando ante la ciudadanía santiagueña.

Por ello, vale la pena rescatar a la única voz santiagueña que habla en tono con la gente.

La diputada nacional Marta Velarde, dijo, al oponerse a los superpoderes kirchneristas:

“En este mes en que se cumple un nuevo aniversario de la reforma constitucional, vengo a este debate a defender la Constitucional Nacional, piedra fundamental del Estado de derecho. A defender al Congreso de la Nación, como poder del Estado en una República democrática. Y vengo a defender a la voluntad popular reflejada en el voto de las últimas elecciones.

“Constitución, Congreso y pueblo, fundamentos institucionales de nuestro rechazo a la prórroga de la delegación de facultades.

“El artículo 76 de la Constitución que fue introducido por la reforma del 94, prohíbe expresamente la delegación de facultades legislativas. Lo dice en estos términos enfáticos. Queda prohibida le delegación de facultades legislativas, salvo la excepción que menciona. Y luego, en las cláusulas transitorias, dispone la caducidad a los cinco años de las facultades delegadas con anterioridad al 94, salvo que el Congreso las prorrogare expresamente, lo que se hizo en 1999, 2002, 2004 y 2006.

“Se advierte pues, que la voluntad del constituyente y lo escribió en la letra, fue la prohibición y la caducidad como regla.

“Juzgue el pueblo argentino dónde esta el salto cualitativo en la calidad institucional. Si en la prórroga de facultades delegadas que plantea el oficialismo o en la supresión de la delegación legislativa, y el Congreso resume facultades, según defiende la oposición.

“Decía Montesquieu en el Espíritu de las leyes, que cuando un poder pretende avasallar a otro, se está en presencia de una dictadura. Por eso dije que vengo a este debate a defender al Congreso como poder del Estado.

“La función del Congreso en el esquema de división de poderes de una República democrática es legislar. Y esa función de hacer la ley, no podemos renunciar. No solamente porque la Constitución nos manda no delegar la tarea, sino también hace a la esencia misma de este Poder, su razón de ser. Si el Congreso no legisla, ¿para qué está?

“El uso que se ha hecho de las facultades delegadas en estos años nos lleva a votar en contra. Prórroga de delegación ¿para qué?

“Para que el gobierno nos haya llevado a la peor crisis energética desde 1962, a la baja de las reservas de hidrocarburos y gas, a la importación sospechosa de fuel oil y gas licuado a precios grotescos por no estimular la exploración del subsuelo, y cuya insuficiencia no nos afectó este invierno por la recesión que vivimos desde el año pasado.

“Para que los “Jaimes” que siguen, hagan los disparates que aquel hizo con el transporte, subsidiando a colectiveros con colectivos que no circulaban y no renovaban la flota, subsidiando a una empresa aérea que llegó a perder 10 millones de pesos por día.
“Para fijar retenciones confiscatorias al campo, en perjuicio de la producción y el trabajo, de las economías del interior del país. Haciendo de la confrontación y la venganza una forma y modo de discernir la política.

“Con esta prórroga, se pretende sustraer al Congreso, la facultad de fijar retenciones, que el gobierno defiende con un nuevo argumento: la solvencia fiscal. ¿Solvencia fiscal o capricho del poder? Digo esto porque con esta política el Gobierno logró reducir la superficie sembrada de trigo, de tal forma que no habrá saldo exportable, y tal vez por primera vez en 12 años tengamos que importar el cereal. ¿Cuánto ingresará al fisco por retenciones al trigo? Algo similar ocurre con el maíz, que por primera vez pasamos de 2º a 3er. Exportador en el mundo, después de Brasil. Y así con todas las economías regionales. Generamos menos dólares por exportaciones.

“Prórroga, para qué. Prórroga por qué.

“Dije que vengo a este debate a defender la Constitución, el Congreso y también la voluntad popular expresada en el voto democrático.

“El 28 de junio pasado hubo un plebiscito, según planteó el oficialismo, y ese plebiscito fue ganado abrumadoramente por la oposición. No fueron dos puntitos en Buenos Aires, fueron el 68 % de la oposición en Buenos Aires, el 88% en la ciudad de Buenos Aires, o el 91% de Córdoba y Santa Fe, más del 70 % en el país. ¿Por qué se votó así? Porque el pueblo se cansó del uso y abuso del poder.

“No es argumento venir con lo que pasó, con las delegaciones votadas por otros congresos. Los errores del pasado no justifican que sigamos cometiéndolos”.

Tarifarios: mañeros y atorrantes


Por Miguel A. Brevetta Rodríguez

A principios de este año el caudal monetario calculado para subsidios se había caído tanto, producto del mañerismo ejercido sin discriminación alguna, que hacía imposible continuar con la misma práctica. Como es costumbre, el “genio” de turno que nos gobierna, no lograron consensuar otra estrategia que apelar al tarifazo y una vez más salir del embrollo metiendo la mano en los bolsillos del pueblo, para paliar el trance.

Comenzaba un año electoral, lo sabían, por ello empezaron con la sangría por el Norte del país, donde la cantidad de votos no deciden la elección. Nosotros los santiagueños, fuimos los primeros castigados por ese caprichoso “invento” del ministro de Planificación Julio De Vido.

Así, nos encajaron el Programa Racional del Uso de la Energía Eléctrica (PUREE). Dicho en criollo, nos hicieron “puré” el magro presupuesto que surge de la provincia que mantiene los sueldos mas bajos del país. ¿Dónde se ha visto que el usuario de un servicio -lo preste quién lo preste- sea castigado con retroactividad mediante una multa impensada por el solo hecho de consumir un excedente en relación al mismo período del año anterior? ¿Es acaso constitucional penar el mayor consumo? ¿Y decidir tarifas colectivas por medio de un decreto?

En noviembre de 2008 se implementó un cargo tarifario para los hogares de mayor consumo destinado a eliminar los subsidios que abonaba el Estado Nacional para importar gas y reforzar el programa "Garrafa para Todos". Pero ahí no termina el invento, pues también se ejercitó la discriminación que beneficia a unos en perjuicio de otros, pues dice el ministro que “también quedarán excluidos del cargo los hogares que consuman menos de 1.500 metros cúbicos de gas anuales en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. A su vez, en las provincias de la región de Cuyo el tope se elevó de 1.400 metros cúbicos a 2.051 y en las del NOA se pasará de los actuales 700 y 800 metros cúbicos a 1.050 y 1.200, respectivamente, según el municipio” (1)

Los parámetros de calculo en el consumo, previo a la confección de las boletas, no son más que una burla al contribuyente que debe salir en consulta .calculadora en mano- para anoticiarse lo que debe abonar, pues desde la Capital Federal un señor ha dispuesto que los actuales usuarios deben hacerse cargo de lo que se consumió el año pasado. (¿?) Por lo que es obvio que este procedimiento no resiste el menor análisis ante un despacho judicial.

Pero ahí no termina la cosa, pues “el decreto del martes se aplicará a todas las provincias. Pero esta recategorización tiene distinta cantidad de metros cúbicos de acuerdo a la zona en que esté ubicada la distribuidora. Para Santiago y Tucumán, que es la Zona 1 de la distribuidora, se aplica a usuarios con consumo mayor a 700 y menor a 1.050 metros cúbicos; pero para Salta y Jujuy es de 800. Para poder determinar en qué categoría se encuentra el usuario se toma la suma del consumo de 6 períodos, de 2 meses cada uno. A los usuarios se les informa por medio de las facturas. En ellas se les indica en qué categoría está y además se marcan las sumas de los seis períodos de consumo, los cinco anteriores más el actual.” (2)

Es que el señor a cargo del ministerio de Planificación no tuvo mejor idea que imponer un nuevo cargo tarifario mediante el decreto 2067/2008 destinado a pagar la importación de gas boliviano y de gas licuado de petróleo.

Hoy resulta que se deben pagar más impuestos que el propio servicio. ¿Hasta cuándo abrumar con cargas impositivas a la población?

Ejemplo: La factura de tapa: Lo que debiera abonarse: cargo fijo = 7.94 + valor de gas consumido= 82.85. TOTAL= $90.89.

Pero en la boleta se observan los siguientes ítems: ingresos brutos distribuidora. Ingresos brutos transportista. Intereses. Impuesto ley No. 25.413. I.V.A. 21%. Tributo Municipal 10 %, Fondo Fiduciario Subsidio Const. R Art. 75 Ley No. 25.565. IVA 21% decreto 2067/08 e intereses. Cargo decreto 2067/08 283x27. Intereses por mora decreto 2067/08. Cargo decreto 2067 cuota. Total de la factura: $250,25.- (3)

Parece mentira que estas cosas ocurran en este generoso país que aun mantiene un staff gubernamental que se cae a pedazos indefectiblemente.

Fuente:

1-Noticias Argentinas.

2-Nuevo Diario, 05/06/2009

3-Factura No. 011-1659086 (emisión 20/07/09)